En un evento de AmCham Colombia, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que el proyecto será radicado con mensaje de urgencia el 20 de julio. Explicó cuáles serán los gastos públicos que permitirá un recorte de 1,8 billones de pesos anuales con el plan de austeridad contemplado en esta propuesta. 

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, reveló que aspira a que en agosto sea aprobado el nuevo texto de la reforma tributaria, denominado proyecto de Ley de Inversión Social que actualmente está en proceso de consenso con diferentes sectores sociales y será radicado ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio, cuando comienza el nuevo período legislativo. 

El anuncio lo hizo durante un diálogo con empresarios de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, en el que enfatizó que el proyecto de Inversión Social será presentado con mensaje de urgencia para dar celeridad a su trámite.  

“A partir del 20 de julio vendrá lo que es un trámite con mensaje de urgencia con tránsito a través de las Comisiones Terceras y Cuartas del Congreso de la República conjuntas y a partir de allí vendría la presentación a las respectivas plenarias para que se dé su aprobación aspiraríamos a que se dé en el mes de agosto”, dijo el Ministro Restrepo.

La directora ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que, “en la próxima legislatura hay que tramitar con responsabilidad y sin populismos el proyecto que prepara el Ministerio de Hacienda para garantizar recursos a la población más vulnerable, apoyar a las empresas que mantienen y crean empleo, y asegurar la financiación para estos proyectos”. Esto en particular tras la decisión de la firma Fitch Ratings de modificar la calificación de Colombia, similar a la determinación que hace unas semanas hizo Standard and Poor´s.

Precisamente, los tres principales objetivos de la propuesta que está preparando el Ministerio de Hacienda están centrados en lo social, la estabilidad fiscal y la reactivación de la economía. Según el ministro Restrepo, el primer propósito es la protección a los más vulnerables puesto que, todavía hay un grupo importante de personas que siguen estando afectadas por el impacto de la pandemia.  

“El segundo de ellos tiene que ser la estabilidad fiscal. Somos conscientes de que hay que hacer un esfuerzo de financiación que permita ir recuperando, de manera gradual y progresiva, el comportamiento del déficit fiscal para retomar la senda del superávit primario y que logre estabilizar reduciendo, incluso, el comportamiento de deuda pública respecto al PIB”, explicó el funcionario. 

Respecto al tercer objetivo, que busca la reactivación o el crecimiento de la economía, dijo que “nos sorprendió positivamente con un resultado en el primer trimestre muy por encima de las expectativas del Gobierno, de los analistas y de todos, lo que nos llevó a proyectar para este 2021, en el marco fiscal de mediano plazo, una tasa de crecimiento que debe ser por lo menos del 6% de nuestra economía”.

Vea la presentación del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo sobre el proyecto de Inversión Social aquí:

Las fuentes de financiación 

En cuanto a las principales fuentes de recursos de la nueva reforma, el jefe de la cartera de Hacienda señaló que se encuentra un plan de austeridad del gasto público con el que se estima un ahorro de 1,8 billones de pesos anuales. 

“Nosotros creemos que hay que enviar un mensaje de ejemplo por parte del Gobierno central y, en tal sentido, se ha planteado la limitación en el crecimiento de burocracia del Estado, limitación de la masa salarial, restricción en adquisición de vehículos, racionalización de los esquemas de seguridad a servidores públicos, optimización del pago de horas extras, tiquetes, viáticos y eventos sociales; digitalización de trámites administrativos, reducción de costos de desplazamiento y de arrendamiento de instalaciones físicas promoviendo mucho más modalidades de trabajo en casa y teletrabajo, así como la optimización de transferencias de la nación que no tengan destinaciones definidas constitucional o legalmente, entre otras”, detalló Restrepo.      

Asimismo, se fortalecerá la lucha contra la evasión de impuestos y se hará uso de otras fuentes de recaudo como el aplazamiento de beneficios para las empresas.  

“En medio de los consensos con los sectores empresariales y gremiales ha habido una expresión de solidaridad que yo valoro y reconozco especialmente, entendiendo que hay una serie de beneficios que se habían contemplado en la Ley de Crecimiento del 2019 y que es necesario desmontar una parte de ellos, lo que implicaría revisar la disminución en la tarifa de impuesto de renta a personas jurídicas, el recorte del descuento del ICA en el impuesto de renta y, ahí, hay el debate sobre cuál debería ser el monto de ese recorte”, puntualizó el funcionario.