Aunque se espera que sea aprobado en el Concejo, algunos puntos generan debate.

Después del tropiezo sufrido por los tiempos tan limitados para la discusión y aprobación en el Concejo, el proyecto de reactivación económica empezó a moverse en el cabildo distrital. Sin embargo, todo indica que, si bien será aprobado, pues la Administración cuenta con la mayoría de votos, sufrirá modificaciones.

Los concejales ponentes, que liderarán el debate a partir del próximo martes, presentaron esta semana sus proyectos, por supuesto, con ajustes. Uno le hace modificaciones para ampliar los alivios a algunos sectores y otro lo rechaza por considerar que castiga a empresas claves en este momento y que los beneficios tributarios podrían ser más amplios.

El proyecto de reactivación económica fue anunciado a mediados de agosto por la alcaldesa Claudia López como parte de lo que llamó ‘Plan Marshall’.Su costo asciende a 53 billones de pesos, de los cuales 10,8 billones serían financiados a través de deuda. Estos se enmarcan dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023, que tiene un costo de 109 billones de pesos.

Durante esta coyuntura, según el Dane, la ciudad perdió aproximadamente un millón de empleos –de los cuales ya se habrían recuperado unos 500.000, estima la Secretaría de Desarrollo–, y 37.000 empresas fueron liquidadas, lo que significa un aumento del 63 por ciento frente al 2019, según la Cámara de Comercio de Bogotá.

Así mismo, la Secretaría de Hacienda estima una caída de la economía y efectos en el recaudo de impuestos del orden de 4,4 billones de pesos en el cuatrienio, de los cuales un billón se dejarían de captar solo este año.

Ante este panorama, la Alcaldía de Bogotá presentó el ‘Plan Marshall’, que busca establecer las herramientas para la recuperación de la ciudad. “Nadie va a venir del resto del mundo para salvar a los bogotanos. Por eso le vamos a proponer al Concejo un paquete de dos acuerdos”, afirmó la mandataria en agosto pasado, cuando anunció los dos proyectos.

La iniciativa plantea, por un lado, alivios en los impuestos de predial –para 2,6 millones de inmuebles residenciales y comerciales e industriales– y en industria y comercio, pero, por otro lado, grava sectores que, según la Alcaldía, no fueron golpeados por la crisis sanitaria, social y económica que generó la pandemia. Además, crea el régimen simple de tributación y establece beneficios para aquellas empresas que se formalicen.

Precisamente, estos elementos han llevado a algunos concejales y a personas como el exsecretario de Hacienda Carlos Alberto Sandoval a considerar que el proyecto de reactivación económica es una reforma tributaria.

Sandoval se ha referido puntualmente al aumento del ICA a actividades como construcción de vías, obras de ingeniería y de servicio público y el comercio electrónico, y que el predial realmente no se congela para todos los inmuebles, porque se les aplicará la inflación.

La norma, de ser aprobada, también incrementaría el predial para lotes de engorde y bienes avaluados en más de 1.092 millones de pesos. Estos son, de hecho, los temas más críticos y que enfrentarán fuertes debates en el Concejo.

Una posición muy diferente tiene el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, para quien no se trata de una reforma tributaria “porque no les estamos aumentando la carga tributaria sino a unas pocas actividades que pueden contribuir más, porque les tocó la parte positiva de la emergencia”.

Con esto coincide el concejal Armando Gutiérrez (P. Liberal), quien unificó su ponencia cono la de Diego Laserna (Alianza Verde). “No es una reforma tributaria (…), es un proyecto que otorga alivios que reconocen la crisis económica”.

Gutiérrez destaca que en la ponencia hay un congelamiento real y nominal (sin IPC) del predial para el 2021 para los predios avaluados hasta en 131 millones de pesos (hasta 150 salarios mínimos legales mensuales), lo que beneficia a más de 1,4 millones de propietarios de los estratos 1, 2 y 3.

Igualmente, un mayor descuento del ICA para 2021 (del 20 al 22 %) para los sectores más afectados y que los servicios de domicilio no se graven con una tarifa del 13,8 por mil, sino del 11,04 por mil. Además, que los beneficios para la formalización se extiendan a las empresas con 4 años de antigüedad y pérdidas superiores al 20 por ciento.

Laserna, por el contrario, sí considera que es un proyecto tributario y que si bien tiene medidas que “no le gustan a todo el mundo, estas sí son responsables con la ciudad”. No obstante, advierte del riesgo de que en el trámite en el cabildo distrital se le terminen colgando “toda clase de descuentos, y acabe haciendo más daño que bien”.

En la otra orilla se encuentra el también concejal Jorge Colmenares (Centro Democrático), quien presentó una ponencia negativa con la cual rechaza el proyecto de la Administración. En opinión de Colmenares, se trata de una reforma tributaria que debería entregar mayores beneficios en predial e ICA, sobre todo a establecimientos muy afectados, como bares, restaurantes, hoteles y teatros.

Pero, además, establece cargas para unos sectores, como construcción, productos de bioseguridad y plataformas de domicilios, que generan empleo y contribuyen a la reactivación. Considera que al aumentarles la carga impositiva, esos costos se trasladarán a los consumidores.

Por ahora, a seis días de que la Alcaldía empiece a defender los alivios para unos sectores y aumentos para otros en la Comisión de Hacienda, lo que queda claro es que varios puntos son sensibles en la corporación y que, seguramente, el proyecto original avanzará, pero con cambios.