Buscan reducir barreras de entrada a seguridad social y fortalecer la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
El documento fue presentado al vicepresidente José Manuel Restrepo. Foto: Archivo particular
Aliadas presentó al Gobierno una hoja de ruta con 30 propuestas para enfrentar la informalidad laboral en Colombia, un fenómeno que persiste pese a la mejora reciente del mercado de trabajo.
El documento, elaborado con respaldo académico de la Universidad del Rosario, fue presentado ante el vicepresidente José Manuel Restrepo y la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, con una apuesta por convertir el diagnóstico en decisiones concretas de política pública.
La propuesta llega en un momento en el que Colombia registra una reducción del desempleo, pero mantiene una elevada proporción de trabajadores por fuera de la formalidad.
En julio de 2026, la tasa de desempleo nacional fue de 8,1%, frente al 8,8% registrado un año atrás. Sin embargo, entre abril y junio, el 54,5% de los ocupados estaba en la informalidad, lo que mantiene abierto uno de los principales desafíos económicos y sociales del país.
La brecha es todavía mayor fuera de las principales ciudades. En los centros poblados y el rural disperso, la informalidad alcanzó el 83,2% durante el trimestre abril-junio de 2026, mientras que en las 13 principales ciudades llegó al 40,7%. Para Aliadas, estas cifras muestran que la generación de empleo, aunque necesaria, no resuelve por sí sola los problemas asociados con la calidad del trabajo, la protección social y las oportunidades de largo plazo.
Las 30 propuestas de Aliadas para reducir la informalidad laboral en Colombia
El estudio “Los caminos hacia la formalidad: una propuesta de Aliadas” plantea que la informalidad no puede abordarse mediante una única fórmula. La organización propone una hoja de ruta que reúne medidas de rápida ejecución, junto con reformas que requieren cambios legales, recursos fiscales y construcción institucional.
La prioridad, según el planteamiento, debe definirse considerando impacto, viabilidad jurídica, capacidad de ejecución y resultados.
El punto de partida es que la informalidad puede observarse desde cinco dimensiones diferentes: cotización y sostenibilidad fiscal, cumplimiento de la ley, protección y bienestar, productividad y escala empresarial, y trazabilidad.
El documento sostiene que avanzar en una de estas dimensiones no necesariamente significa resolver las demás, por lo que una política concentrada únicamente en una cifra, una sanción o una norma puede dejar por fuera distintas realidades del mercado laboral colombiano.
Uno de los principales hallazgos está relacionado con el tipo de trabajador. La informalidad alcanza el 25,4% entre los asalariados, pero sube al 82,4% entre los independientes y llega al 94% entre los trabajadores rurales no asalariados. Esta diferencia lleva a Aliadas a plantear una combinación de control en los casos donde corresponda y reglas adaptadas a las condiciones específicas del trabajo independiente y rural.
El estudio también pone el foco en el costo de cumplir con las obligaciones asociadas a la formalidad.
Según la propuesta, las cargas pesan de manera diferente dependiendo del nivel de ingreso y de la escala de cada actividad económica. De allí surgen planteamientos como establecer cotizaciones proporcionales al ingreso real y al tiempo trabajado, además de esquemas simplificados que reduzcan las barreras de entrada para microempresas y trabajadores independientes.
La propuesta también contempla un régimen simplificado que integre tributación y seguridad social. A esto se suman bonos fiscales diferidos para pequeñas empresas, con el objetivo de facilitar procesos de formalización sin desconocer las diferencias de capacidad entre empresas de distintos tamaños.
La lógica del documento es que la formalidad debe ser una alternativa viable para quienes tienen menor escala y menores ingresos, sin perder de vista el cumplimiento de las obligaciones.
Informalidad laboral en Colombia: independientes, campo y microempresas concentran el reto
La dimensión empresarial es otro de los elementos centrales de la propuesta. El estudio señala que la informalidad alcanza el 84,5% en las microempresas, mientras que en las grandes empresas se reduce al 2,1%. Esta diferencia lleva la discusión más allá de las obligaciones laborales y la conecta con la capacidad de las empresas para crecer, acceder a crédito, incorporar tecnología, llegar a nuevos mercados y elevar su productividad.
En ese contexto, Aliadas plantea impulsar herramientas relacionadas con productividad, crédito, inteligencia artificial y digitalización. La organización considera que la tecnología puede contribuir a acelerar los procesos de formalización, especialmente mediante instrumentos como la factura electrónica, los pagos digitales y las plataformas, que permiten generar mayor trazabilidad sobre los ingresos y facilitar la verificación de la actividad económica.
El diagnóstico también cuestiona la idea de que toda persona informal se encuentra necesariamente en situación de pobreza. El estudio señala que la informalidad atraviesa diferentes niveles de ingreso, por lo que las respuestas deberían combinar apoyo focalizado, incentivos y capacidad de verificación, dependiendo de las características de cada trabajador. Esta diferenciación es uno de los elementos que sustenta la propuesta de construir caminos distintos hacia una misma meta de formalidad.
Otro de los problemas identificados es la permanencia de la informalidad a lo largo del tiempo. El estudio estima una persistencia del 75% y señala que, para un trabajador por cuenta propia, la probabilidad de pasar a un empleo asalariado formal es de apenas 3%. Frente a este escenario, Aliadas propone fortalecer mecanismos como la certificación rápida de competencias, la hoja de vida verificable y las herramientas que permitan facilitar las transiciones laborales.
La situación de los trabajadores rurales requiere, además, una estrategia particular. Con una informalidad de 83,2% en centros poblados y rural disperso y de 94% entre trabajadores rurales no asalariados, la hoja de ruta plantea registrar las jornadas y garantizar protección frente a riesgos laborales en el campo. El objetivo es que las condiciones particulares de estas actividades sean consideradas dentro de las políticas de formalización y protección social.
Formalización laboral: qué propone Aliadas y qué puede comenzar rápidamente
La hoja de ruta también incorpora medidas dirigidas a poblaciones con necesidades específicas. Entre ellas aparecen jóvenes, mujeres con responsabilidades de cuidado y adultos mayores, además de trabajadores independientes, microempresas y población rural.
El planteamiento busca que las políticas de formalidad tengan en cuenta las diferencias en las trayectorias laborales y en las posibilidades reales de acceso y permanencia dentro del empleo formal.
En materia de protección social, el documento señala que formalizarse no genera el mismo incentivo para todos. Mientras para un asalariado puede representar mayores beneficios y protección, para muchos independientes la baja probabilidad de alcanzar una pensión puede reducir el atractivo de realizar aportes. Por eso, Aliadas plantea que las cotizaciones sean proporcionales y que la protección asociada sea visible y alcanzable para quienes tienen ingresos variables.
La hoja de ruta también aborda el contrato de aprendizaje, cuya propuesta es preservar su carácter educativo, además de fortalecer la protección al cesante y las transiciones hacia el empleo formal. Para los trabajadores mayores, plantea facilitar la permanencia laboral y el retiro gradual. También propone una metodología más técnica y previsible para la determinación del salario mínimo, como parte de las medidas que inciden en el funcionamiento del mercado laboral.
Aliadas insiste en que no se trata de una solución que pueda implementarse en pocos meses. La propuesta distingue entre acciones que pueden ponerse en marcha rápidamente y reformas de mayor alcance que requieren modificaciones legales, recursos y fortalecimiento institucional.
Cada propuesta está planteada alrededor de cuatro elementos: qué debe cambiar, por qué vía puede implementarse, quién tendría la responsabilidad y en cuánto tiempo podrían observarse resultados. Con esta estructura, Aliadas busca que el documento funcione como una herramienta de decisión y no únicamente como un nuevo diagnóstico sobre la informalidad laboral.
“La informalidad no se reduce con una sola ley ni aplicando la misma obligación a realidades distintas. Esta hoja de ruta muestra por dónde empezar, qué puede activarse rápidamente, qué requiere una reforma y cómo evaluar si está funcionando. Colombia necesita pasar de medir el problema a tomar decisiones”, afirmó María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas.
El planteamiento cobra relevancia en un mercado laboral que ha mostrado capacidad para generar nuevos puestos de trabajo, pero que todavía enfrenta dificultades para convertir esa ocupación en empleos con protección, experiencia verificable, productividad y mejores oportunidades.
La apuesta de Aliadas es que la formalización sea parte de la recuperación económica y productiva del país, ampliando la base que sostiene la protección social y creando condiciones para un crecimiento más duradero.
Fuente: Portafolio.
Imagen: Archivo particular.
