La medida, que tendrá una vigencia de 12 meses, busca activar un régimen especial para la atención y reducción del riesgo.
El avance del fenómeno climático podría impactar cultivos y elevar precios en Colombia. Foto: iStock
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, mediante el cual declaró una situación de desastre de carácter nacional ante el riesgo inminente asociado al desarrollo del fenómeno de El Niño en Colombia. La medida tendrá una vigencia de 12 meses y busca activar un régimen especial para la atención, reducción del riesgo y recuperación frente a los posibles impactos del evento climático.
De acuerdo con el decreto, la decisión se fundamenta en la información técnica que advierte una alta probabilidad de fortalecimiento del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 y su persistencia hasta el primer trimestre de 2027, con posibles efectos sobre el abastecimiento de agua, la generación de energía, la salud pública, la seguridad alimentaria y otros servicios esenciales.
El documento señala que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que las condiciones de El Niño ya están presentes tanto en el océano como en la atmósfera, con una probabilidad superior al 95 % de fortalecimiento durante el segundo semestre de 2026 y una probabilidad cercana al 63 % de que el fenómeno alcance una intensidad “muy fuerte”. Asimismo, se advierte sobre una mayor probabilidad de reducción de lluvias en las regiones Pacífica, Andina y Caribe, disminución de caudales y niveles en embalses, aumento del riesgo de incendios de cobertura vegetal y olas de calor.
Según el decreto, los análisis técnicos también evidencian el riesgo de racionamientos de energía y de una disminución en los niveles de los embalses, situación que podría afectar la prestación de servicios públicos esenciales. En ese sentido, el Gobierno sostiene que “la posible ocurrencia de apagones generalizados y racionamientos prolongados de energía” representa “una amenaza real y grave” para la población y para la infraestructura crítica del país.
Fuente: EL TIEMPO.
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