Por ahora el Gobierno está enfocado en cumplir el plazo de ocho días calendario que le dio el Consejo de Estado.
La suspensión del decreto que fijó el aumento del salario mínimo entró en un nuevo capítulo esta semana, luego de que se reactivara el diálogo tripartito en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales, donde este lunes 16 de febrero se sentaron nuevamente Gobierno, empresarios y centrales obreras; para definir que pasará con el ajuste salarial de millones de colombianos.
Aunque la reapertura de la mesa no era una orden expresa del auto del Consejo de Estado, el Ejecutivo decidió habilitar el espacio para analizar los alcances de la decisión judicial y recoger las posiciones de los distintos actores.
En la rueda de prensa, luego del primer encuentro de las partes, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que la convocatoria respondió a una decisión política del Gobierno y no a una obligación perentoria del fallo; con el objetivo de mantener los canales de diálogo y las buenas relaciones entre los empresarios y los trabajadores.
“La decisión no era absolutamente necesaria, ni constituía una orden perentoria del auto del Consejo de Estado”, afirmó Sanguino, al tiempo que destacó que el objetivo fue “examinar los alcances del auto y escuchar las opiniones de los trabajadores, de los empresarios y por supuesto del gobierno”.
Según el jefe de la cartera laboral, la reunión se desarrolló en un ambiente de diálogo abierto y respetuoso, con espacio para que cada parte expresara sus posturas frente al escenario que enfrenta el país tras la suspensión del decreto del salario vital.
“La conversación fue una conversación fluida, respetuosa, franca tanto del lado de los trabajadores como del lado de los voceros de los gremios empresariales”, señaló, subrayando que la discusión giró alrededor de la estabilidad del ingreso y del mercado laboral.
Hay respaldos mayoritarios
En ese contexto, Sanguino sostuvo que en la mesa se evidenció una posición mayoritaria a favor de no modificar el incremento del salario mínimo que hoy está vigente. “Hemos constatado en la comisión que del lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría equivocado, por decirlo menos, despedir un decreto que modifique el incremento del 23,7%”, afirmó, posición que, según el ministro, fue compartida por las centrales sindicales.
El Gobierno reiteró su decisión de acatar el auto del Consejo de Estado y de expedir un decreto transitorio dentro del plazo fijado, que es de ocho días calendario. No obstante, el ministro del Trabajo insistió en que la prioridad es no introducir cambios que generen incertidumbre en la economía; explicando que “todas las opiniones que se expresaron se pronuncian en favor de no alterar ni generar incertidumbres en el mercado laboral colombiano y en el comportamiento global de la economía”.
Así mismo, Sanguino argumentó que el salario vital ya está incorporado en la dinámica económica, tanto del lado empresarial como en los hogares y dijo que “este salario vital ya ha venido siendo incorporado en la dinámica empresarial y ha venido siendo incorporado tanto en los ingresos como en los gastos de las familias”. Así mismo, al tiempo que anunció que esa posición mayoritaria será recogida en el decreto que el Gobierno debe producir en los próximos días.
Un derecho adquirido
Desde el Ministerio de Hacienda, Germán Ávila respaldó la postura de mantener el incremento, al señalar que para el Gobierno y el movimiento sindical el salario vital ya configura un derecho adquirido “por los trabajadores, y estamos convencidos de que reversar un derecho adquirido por los trabajadores es inconveniente, inconstitucional e inviable desde el punto de vista jurídico”.
Ávila reconoció la solicitud del Consejo de Estado de precisar con mayor detalle los análisis económicos que sustentaron el incremento, compromiso que el Ejecutivo asumió como parte del nuevo decreto; indicando que “entendemos la solicitud que ha hecho el Consejo de Estado, en el sentido de que aclararemos con mayor precisión los análisis económicos que llevaron al establecimiento del salario vital, y como tal lo vamos a hacer”.
No obstante, para el ministro de Hacienda, la sesión de la mesa salarial representó además el inicio de un esfuerzo más amplio de concertación social y dejó claro que “dimos la cuota inicial de un esfuerzo orientado a la generación de un gran pacto por la vida, un pacto social en el cual coinciden los trabajadores con los empresarios y con el gobierno”.
En paralelo, Ávila planteó la necesidad de avanzar en medidas que faciliten la absorción del aumento en sectores con mayores dificultades, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas; al tiempo que anunció que el Gobierno trabajará en medidas compensatorias y en mantener abierta la conversación con los sectores que puedan verse más afectados.
Desde las centrales obreras, la Central Unitaria de Trabajadores señaló que el debate se concentró en sustentar el incremento desde una mirada integral. A través de su cuenta en X, la CUT afirmó que la discusión se centró en “integrar parámetros económicos, sociales y prerrogativas constitucionales que sustenten el incremento del 23,7%”, y recordó que “mientras no se expida otro decreto el salario fijado continúa”.
Gremios avanzan con recelo
Del lado empresarial, una de las posiciones que más llamó la atención fue la de Fenalco, que si bien participó del encuentro, mantuvo una postura crítica frente al procedimiento utilizado en el decreto suspendido, aunque confirmó su participación en la mesa y en una carta dirigida a la Comisión de Concertación, su presidente, Jaime Alberto Cabal, insistió en que el nuevo decreto debe ajustarse plenamente a lo dispuesto en la Ley 278 de 1996 y cumplir de manera estricta la orden impartida por el Consejo de Estado.
Según Fenalco, el alto tribunal fue claro en señalar que el decreto suspendido no explicó de forma concreta y verificable cómo incidieron variables como inflación, productividad y crecimiento del PIB en el porcentaje fijado y acotó que “aunque las cifras fueron mencionadas, no fueron ponderadas ni se presentó una operación lógica que permitiera reconstruir el peso específico de cada variable”.
Cabal sostuvo que la etapa de concertación ya se surtió y que no es posible reabrir la discusión ni modificar los parámetros técnicos; advirtiendo que “este no debe convertirse en un debate ideológico ni político” y que un salario mínimo que se aparte de la productividad y de la inflación real puede afectar el empleo formal y generar presiones inflacionarias adicionales.
Con todo lo anterior, este gremio cerró diciendo que los efectos de un incremento desproporcionado ya empiezan a sentirse en algunos sectores y que un ajuste del 23,7% podría traducirse en una pérdida significativa de empleos formales, además de mayores dificultades para las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido empresarial del país.
Mientras se desarrolla este debate, el Gobierno concentra sus esfuerzos en cumplir el plazo de ocho días calendario fijado por el Consejo de Estado para expedir el decreto transitorio, al tiempo que prepara su defensa jurídica del salario vital ante el pronunciamiento de fondo que aún está pendiente. Por ahora, el aumento del 23% continúa vigente y operando en la economía, a la espera de la siguiente decisión.
Fuente: Portafolio
Tomado de: https://www.portafolio.co/economia/empleo/salario-minimo-hay-mayorias-en-la-mesa-de-concertacion-para-mantener-el-aumento-del-23-en-el-decreto-transitorio-488441
Imagen: Fuente: Portafolio. Foto: Cortesía – Mintrabajo / A.P.I.
