Luego de que un informe determinara su fracaso, proponen ofrecer más alternativas a cultivadores.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU.discutió este jueves un nuevo informe desarrollado por expertos sobre el estado de la lucha contra las drogas en la región y el impacto del Plan Colombia en ese contexto.
El informe fue presentado este martes y concluye que si bien esta iniciativa estadounidense ha traído muchos beneficios para nuestro país, ha fracasado en su objetivo de eliminar los cultivos y la producción de estupefacientes.
Eliot Engel, presidente de esta comisión en la cámara baja, se mostró de acuerdo con algunas de las conclusiones de los expertos.A su juicio, enel país se ha hecho “mucho énfasis” en la erradicación como estrategia para reducir los cultivos y menos en programas —como el desarrollo alternativo— que pueden ofrecen soluciones a largo plazo.
Y en eso coincidieron varios legisladores, en su mayoría demócratas. De acuerdo con Shannon O’Neel, presidenta de la Comisión para las Políticas Antidrogas que nombró el Congreso para hacer la evaluación, hay que hacer nuevas inversiones en las zonas de conflicto y ofrecer alternativas a los cultivadores para que vean que hay opciones más rentables diferentes a la producción de coca.
“La erradicación por sí sola no funciona.A pesar de los esfuerzos masivos de erradicación que se han adelantando lo que hemos visto es que los cultivadores se adaptan a estos cambios. Para que los esfuerzos en reducción de cultivos sean sostenibles hay que ofrecer alternativas”, dijo por su parte Mary Speck, que también hizo parte de la comisión que elaboró el reporte.
El informe ofreció una serie de recomendaciones que fueron ventiladas en el marco de la audiencia. Entre ellas que la erradicación, ya sea área o manual, se utilice contra grandes cultivos o de manera selectiva y luego de consultar con líderes locales.
Consideran, de hecho, que enviar a erradicadores y fuerzas de seguridad a zonas remotas es una pérdida de tiempo y recursos.
Proponen enfocarse, más bien, en la destrucción de laboratorios y dar más recursos para la interdicción de combustible y precursores químicos que se usan en la producción.
Así mismo, plantean construir vías terciarias para conectar estas zonas remotas y acelerar los esfuerzos en la titulación de tierras que permitan a los campesinos acceder a créditos y otros beneficios. También promover empresas agrícolas y ayudar a que los productos tengan acceso al mercado internacional y con preferencias arancelarias en EE. UU.
En su mayoría, congresistas y expertos se mostraron de acuerdo en que se debe continuar ayudando a Colombia, pero haciendo ajustes para que los aportes de EE. UU. sean más efectivos.
Durante la audiencia, Engel coincidió con los panelistas en que Washington debe eliminar la llamada certificación en la lucha contra las drogas que hace anualmente EE. UU. y reemplazar este mecanismo por un sistema de evaluación que no sea visto por los países aliados como un examen que deben aprobar para recibir el apoyo de EE. UU.
El caso de Venezuela también fue mencionado en varias ocasiones. De acuerdo con el exembajador y codirector de la Comisión para las Políticas Antidrogas, Cliff Sobel, será muy difícil ser exitoso en la lucha contra los estupefacientes mientras en este país exista un régimen que permita el flujo de estupefacientes y sugirió insistir en las sanciones y concentrarse en políticas que permitan el retorno a la democracia en este país.
La audiencia en el Congreso coincidió con un foro organizado por el Grupo Concordia en el que participó el presidente Iván Duque y también se discutió el Plan Colombia y su futuro.
uque fue enfático en que el plan tiene que entrar en una nueva fase en la que, además de los componentes de seguridad, se dediquen recursos y energías al componente de desarrollo en las zonas de conflicto.
El presidente colombiano hizo hincapié en la importancia de Colombia Crece, una iniciativa que viene empujando junto al gobierno del presidente Donald Trump y que ve como el reemplazo natural del Plan Colombia.
Uno de los componentes nuevos de Colombia Crece es un programa diseñado por la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (DFC), organismo del gobierno estadounidense que ha ofrecido una línea de crédito por 5.000 millones de dólares a empresas que quieran invertir en programas de desarrollo en Colombia en zonas golpeada por el narcotráfico y el conflicto.
El problema con esta nueva iniciativa es que los créditos que ofrece el DFC están por encima de las tasas del mercado, lo cual no los hace atractivos para potenciales inversionistas, que ya de por sí estarían tomando un riesgo al poner fondos en zonas de alto riesgo.
La idea del gobierno colombiano es convencer a EE. UU. de que baje las tasas o subsidie estos créditos para atraer la inversión privada.