El presidente Gustavo Petro propuso reunión con los banqueros para estudiar alternativas
La puja por el crédito en Colombia llegó a su máximo nivel por culpa de las inversiones forzosas que está exigiendo el Gobierno a los bancos.
A las posturas mayoritarias en contra del sector financiero y centros de pensamiento, se unieron seis exministros de Hacienda que mediante una carta abierta a la opinión pública advierten los riesgos de imponer inversiones forzosas al sistema financiero, como lo ha planteado el Gobierno en medio de la emergencia económica.
Los firmantes son los exministros Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas, quienes han estado al frente de las finanzas públicas del país en distintos gobiernos.
En la carta señalaron que ese mecanismo encarecería las tasas de interés, reduciría la disponibilidad de recursos y afectaría a quienes más necesitan financiamiento. También advirtieron que la experiencia internacional muestra que muchos países desmontaron estas medidas por sus efectos negativos.
Los exministros propusieron alternativas como garantías del Gobierno, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento para apoyar a los sectores afectados.
Ante esta posición, el presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, sugirió que los recursos provenientes de esta medida serán los que financien la atención de la emergencia económica por la situación climática.
Salidas
Sin embargo, el presidente planteó la posibilidad de buscar nuevos acuerdos con los bancos, lo que podría significar abandonar la idea de establecer las inversiones forzosas. “Creo que es hora de una reunión entre banca y gobierno para evaluar estás situaciones y acordar medidas sobre la zona de emergencia. La agricultura colombiana mediana y pequeña puede dispararse simplemente dedicando el crédito de fomento a esta actividad y quitando la marginalidad de la banca pública y cooperativa en el sector”, manifestó el mandatario.
Por otra parte, en una comunicación a los medios, Asobancaria estimó que la decisión implicaría un aumento generalizado de 49 puntos básicos en las tasas de interés de los créditos en toda la economía. Esto, a su vez, provocaría una reducción de la cartera de 0,9 puntos porcentuales y una caída del PIB de 0,3 puntos porcentuales.
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En otras palabras, indicaron que el impacto terminaría trasladándose a los hogares y empresas vía encarecimiento del crédito, sin garantizar necesariamente un mayor flujo hacia los sectores que se busca impulsar.
El presidente del gremio, Jonathan Malagón, aseguró que “una inversión forzosa no es un castigo a los bancos”. Según explicó, el impacto recaería sobre los ahorradores, pues parte de los depósitos “se los llevaría el Gobierno nacional y los usaría con los criterios que determine”, reduciendo la disponibilidad de recursos para crédito.
Petro respondió por medio de su cuenta de X que esa afirmación “no es cierta”. Señaló que a los depósitos “no les pasa nada” por estar en banca privada o pública y sostuvo que el problema radica en la tasa de intermediación. Según el mandatario, la banca pública podría remunerar mejor el ahorro si reduce ese margen y destina los recursos a la producción de pequeña y mediana empresa, mientras que la banca privada concentra el crédito en consumo para clases media y alta.
Usando el ahorro
Por un lado, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, sostuvo a este Medio, que “las inversiones forzosas extrayendo recursos del ahorro de los colombianos afectan la solidez del sistema bancario y refuerzan la percepción de incertidumbre. Se debe hacer un esfuerzo para lograr austeridad del gasto y eficiencia en la ejecución”.
Por otro, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, criticó la propuesta de inversiones forzosas que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro y alertó que el siguiente gobierno enfrentará un escenario fiscal complejo, con presiones de gasto y menores fuentes de ingresos.
López agregó que la iniciativa representa un riesgo para el ahorro y el crédito en el país. “Es una mala propuesta, porque las inversiones forzosas lo que hacen es usar parte del ahorro de los colombianos para un direccionamiento del crédito que no pasa por el mercado”, explicó.
“Después de muchos años nos dimos cuenta que reducían el ahorro de los colombianos, porque la gente siente que su ahorro puede estar comprometido”, afirmó. También enfatizó que este esquema puede convertirse en una carga para el sistema financiero y reducir la disponibilidad de crédito para el sector productivo.
“Termina generando finalmente como un impuesto a la actividad financiera y hace que haya menos crédito disponible para el emprendimiento”, agregó.
El presidente de ANIF añadió que se trata de una política poco utilizada a nivel internacional. “Es una política en desuso a nivel global, muy pocos países lo mantienen, ningún país desarrollado tiene inversiones forzosas”, dijo, al tiempo que mencionó que en América Latina casos como Venezuela y Argentina han tenido resultados negativos.
López pidió al Gobierno buscar otras alternativas para atender las necesidades fiscales y climáticas. “Ojalá el Gobierno reflexione sobre cómo sí puede atender esta emergencia con otras herramientas, empezando por utilizar recursos del presupuesto general que no se han ejecutado”, concluyó.
Fuente: El Nuevo Siglo
Tomado de: https://www.elnuevosiglo.com.co/economia/usuarios-y-hogares-terminarian-pagando-las-inversiones-forzosas-que-exige-el-gobierno
Imagen: Fuente: El Nuevo Siglo. Foto: Foto: ENS
