Las propuestas incluyen recuperar la capacidad técnica del Estado y mejorar las condiciones para exportar.
Analdex propone una hoja de ruta para alcanzar exportaciones por US$100.000 millones. Foto: Foto: Canva
Los primeros 100 días del gobierno de Abelardo De La Espriella aparecen como una ventana decisiva para reconstruir la confianza institucional, recuperar la competitividad y redefinir la estrategia de comercio exterior y agro del país.
Ese es el diagnóstico que comparten dirigentes gremiales y expertos consultados, quienes coinciden en que la prioridad no pasa por multiplicar nuevas políticas, sino por fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar, coordinar y ofrecer señales de estabilidad que impulsen la inversión, la productividad y las exportaciones.
Los planteamientos de Javier Díaz, presidente de Analdex; María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia; el exministro de Agricultura Andrés Valencia, y las propuestas del Consejo Gremial revelan una agenda que combina medidas de corto plazo con reformas estructurales.
Aunque existen diferencias sobre el rumbo que debe tomar la política agropecuaria, el consenso gira alrededor de recuperar la institucionalidad, reducir los obstáculos que enfrentan las empresas y mejorar las condiciones para competir en los mercados internacionales.
El comercio exterior concentra buena parte de los llamados a actuar desde el inicio del mandato. Javier Díaz sostiene que el primer paso debe ser reconstruir la capacidad técnica del Ministerio de Comercio, una condición que considera indispensable para recuperar el liderazgo de la política comercial del país y coordinar a las entidades responsables de su ejecución.
Según Díaz, el deterioro institucional ha impedido que el ministerio ejerza plenamente su función de orientar la política pública. “Creo que el gobierno que llega tiene que empezar por recuperar la capacidad técnica del Ministerio de Comercio Exterior, que en estos últimos cuatro años se perdió”, afirmó el dirigente gremial.
El presidente de Analdex considera que uno de los principales cuellos de botella está en la falta de articulación entre las entidades públicas que participan en las operaciones de comercio exterior. A su juicio, esa descoordinación termina afectando la competitividad de las empresas y retrasa la utilización de instrumentos que deberían facilitar las exportaciones.
Reducir costos logísticos aparece como una prioridad para mejorar la competitividad exportadora. Foto: Canva
Recuperar la competitividad desde las instituciones
Dentro de esa agenda también aparece la necesidad de agilizar mecanismos como el Plan Vallejo, las zonas francas, las comercializadoras internacionales y el Certificado de Reembolso Tributario (Cert), cuya tramitación, según Díaz, puede tardar varios meses e incluso un año, restando eficiencia a la promoción exportadora.
A ello se suma la necesidad de definir una hoja de ruta para alcanzar metas concretas. Entre ellas, el objetivo de llegar al cierre del cuatrienio con exportaciones cercanas a los US$100.000 millones, acompañado de una estrategia para reducir los costos logísticos y mejorar la coordinación con sectores como transporte.
En el plano internacional, Díaz ubica a Estados Unidos como la prioridad inmediata de la política comercial. Su planteamiento apunta a avanzar en una negociación que permita desmontar el arancel del 12,5% aplicado recientemente a productos colombianos y, posteriormente, fortalecer la diversificación de mercados.
Esa visión encuentra puntos de encuentro con la propuesta del Consejo Gremial, que plantea fortalecer la internacionalización empresarial mediante menos trámites, mayor seguridad jurídica y mejores instrumentos de promoción para exportar. El documento propone robustecer mecanismos existentes como el Cert, simplificar el funcionamiento de las zonas francas y facilitar la operación del régimen de comercializadoras internacionales.
El Consejo también plantea una estrategia más amplia de diplomacia comercial. Entre las propuestas figura la creación de una Oficina de Defensa Comercial y Asuntos Internacionales dentro del Ministerio de Comercio, así como un Plan Nacional de Diplomacia Sanitaria y Comercial para el Agro que articule entidades como el Ministerio de Agricultura, el ICA, el Invima, ProColombia, la Cancillería y el DNP.
El propósito es responder con mayor rapidez a las barreras sanitarias, fitosanitarias y técnicas que limitan el acceso de productos colombianos a nuevos mercados y fortalecer la capacidad del país frente a prácticas de competencia desleal.
Mientras el comercio exterior enfatiza la competitividad internacional, María Claudia Lacouture sitúa el debate en un plano más amplio. Para la presidenta de AmCham Colombia, el principal reto del nuevo Gobierno será recuperar la confianza de inversionistas, empresas y ciudadanos mediante señales claras de estabilidad institucional y disciplina fiscal.
“Restablecer la credibilidad y reconstruir la confianza debe ser la prioridad de los primeros 100 días. Ese periodo no bastará para resolver todas las crisis que recibe el nuevo Gobierno, pero sí deberá demostrar que existe un rumbo claro, prioridades definidas y capacidad real de ejecución”, señaló.
Lacouture sostiene que esa reconstrucción comienza con una hoja de ruta fiscal compatible con la regla fiscal, un presupuesto acorde con las obligaciones reales del Estado y una estrategia que permita estabilizar la deuda pública. A su juicio, esas decisiones enviarán señales a los mercados y facilitarán la recuperación de la inversión productiva.
Andrés Valencia pide revisar las cifras de la reforma agraria y reorganizar el sector agropecuario. Foto: Canva
Agro: entre el rediseño y la continuidad
Las diferencias aparecen con mayor claridad en la discusión sobre la política agropecuaria. Andrés Valencia plantea una revisión profunda del modelo implementado durante el gobierno anterior y considera que la reorganización institucional debe comenzar por las entidades del sector.
El exministro propone revisar las órdenes de prestación de servicios, fortalecer los equipos técnicos y esclarecer el alcance de la reforma agraria. Según su análisis, las cifras conocidas hasta ahora generan dudas sobre los resultados reales del proceso.
“Hay que revisar los alcances de la reforma agraria que supuestamente adelantó el Gobierno. Las cifras son confusas y no se sabe a ciencia cierta si los datos suministrados corresponden a la realidad”, afirmó.
Valencia también plantea modificaciones al sistema de crédito agropecuario, especialmente en los mecanismos de inversión forzosa y en el papel de Finagro, con el propósito de ampliar los recursos disponibles para el financiamiento rural.
Otra de sus prioridades consiste en proteger el suelo destinado a la producción de alimentos. En esa línea propone evitar cambios de uso hacia proyectos turísticos, condominios campestres, granjas solares o desarrollos mineros cuando existan mejores condiciones para la producción agropecuaria.
El fortalecimiento de Agrosavia también hace parte de su propuesta. Valencia considera necesario garantizar recursos suficientes para investigación, acompañados de una mayor velocidad en la transferencia del conocimiento hacia los productores.
El Consejo Gremial coincide en la importancia de fortalecer el financiamiento rural, aunque plantea una estrategia distinta. Sus propuestas incluyen adecuar la clasificación de productores en Finagro, ampliar las líneas especiales de crédito, crear programas de cobertura cambiaria para exportadores agropecuarios y fortalecer los seguros rurales.
El documento también incorpora iniciativas relacionadas con asistencia técnica universal, renovación de cultivos, trazabilidad ganadera y porcina, promoción del consumo de alimentos nacionales y fortalecimiento de la productividad mediante políticas de largo plazo.
Fuente: Portafolio.
Imagen: Canva.
