Analistas pidieron al Ejecutivo que piense en las repercusiones para más de 20 millones de afiliados.
La orden del presidente Gustavo Petro de liquidar todas las EPS que estén en quiebra abrió un nuevo frente de incertidumbre en el sistema de salud, no solo por su alcance, sino por las entidades que estarían en la mira. La decisión, dada el pasado 16 de marzo, se conoció luego de que el mandatario afirmara que “el Congreso no aprobó la reforma (a la salud)” y que “ya no tenemos alternativas”.
Aunque la medida no detalla nombres específicos y solo se habla por ahora de revisar nuevamente la situación del sistema de salud, al revisar el listado de las EPS con mayores dificultades financieras pone sobre la mesa un grupo relevante de entidades que podrían verse afectadas si se aplica esta medida.
Partiendo de datos oficiales, entre ellas se encuentran Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, SOS y Savia Salud, que en conjunto suman más de 20 millones de afiliados distribuidos en distintas regiones del país.
El peso de este grupo dentro del sistema no es menor, ya que solo Nueva EPS concentra cerca de 11 millones de afiliados y reporta pérdidas por $21 billones, lo que la convierte en el caso más crítico.
Acá se debe decir que el caso de Nueva EPS es particularmente crítico dentro de este escenario, no solo por su tamaño, sino por sus implicaciones fiscales. La entidad concentra cerca de 11 millones de afiliados y reporta pérdidas por $21 billones, lo que la convierte en el mayor riesgo dentro del sistema.
Además, el propio presidente Gustavo Petro ha advertido que el Estado, al tener una participación del 50%, el Gobierno tendría que asumir al menos $10 billones de esa deuda con recursos públicos, trasladando parte del problema directamente a las finanzas de la Nación.
A esto se suma el caso de Famisanar, que cuenta con 2,9 millones de afiliados y deudas cercanas a $2,3 billones, así como otras EPS regionales con alta presencia territorial como Coosalud, con 3,2 millones de usuarios, y Emssanar y Savia Salud, con más de un millón y medio de afiliados cada una, lo que evidencia la magnitud del impacto potencial de una liquidación masiva.
En términos geográficos, estas entidades tienen presencia en zonas clave como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Caribe y el suroccidente del país, lo que amplifica los riesgos de una decisión de este tipo; por lo que la eventual salida de estas EPS implicaría reorganizar la atención de millones de usuarios en un sistema que ya enfrenta presiones operativas y financieras.
Gremios reaccionan
Las reacciones del sector no se hicieron esperar y voces como María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, advirtieron que “con la salud no se improvisa” y cuestionó que la crisis se intente resolver mediante liquidaciones. A su juicio, una decisión apresurada podría romper tratamientos, retrasar la entrega de medicamentos y aumentar la incertidumbre para los pacientes y sus familias.
En la misma línea, Bruce Mac Máster, presidente de la Andi, señaló que la medida podría profundizar la crisis del sistema y afectar tanto a usuarios como a prestadores, destacando que “no se planea su transición, se afecta gravemente a los prestadores y hospitales, y se garantiza la contundencia de la crisis”, al tiempo que alertó sobre el impacto que tendría en la operación del sistema de salud.
Más allá de las posiciones encontradas, el debate también pone sobre la mesa un problema estructural que ha sido advertido por distintos actores, ya que según Lacouture, la propia Corte Constitucional ha señalado insuficiencias en la Unidad de Pago por Capitación y rezagos en los presupuestos máximos, lo que sugiere que las dificultades financieras del sistema van más allá de la gestión de las EPS.
En este contexto, la decisión del Gobierno se interpreta como un giro en la estrategia tras el fracaso de la reforma en el Congreso, con la intención de intervenir el sistema desde el Ejecutivo mientras se prepara un nuevo proyecto que sería presentado el 20 de julio. Sin embargo, su implementación siguen siendo una incógnita.
Por ahora, el foco está en entender cómo se garantizaría la continuidad en la atención de millones de afiliados si se materializa la liquidación de estas entidades; mientras que la magnitud de los usuarios involucrados y el tamaño de las deudas en juego plantean un escenario complejo, en el que cualquier decisión tendrá efectos no solo en el sistema de salud, sino también en las finanzas públicas y en la estabilidad social del país.
Fuente: Portafolio
Tomado de: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/estas-son-las-eps-que-estarian-en-la-mira-del-gobierno-tras-la-propuesta-de-liquidacion-del-presidente-petro-490172
Imagen: Fuente: Portafolio. Foto: Istock
