Gremios ven con reservas el proyecto de reforma laboral
Para Fenalco, los costos suben de 25 a 30% y se perderían 400.000 empleos. Andi y Acopi analizan el articulado.
En una primera lectura al proyecto de reforma laboral que radicó el Ministerio de Trabajo en el Congreso el jueves pasado, gremios de la producción y analistas no ven con buenos ojos la iniciativa y algunos tienen a sus equipos en la revisión detallada del articulado para medir su impacto real.
En términos generales, coinciden en que es muy similar al que se presentó en la legislatura anterior.
El debate sobre la reforma empieza a agitarse, en medio de la expectativa por un encuentro hoy, a las 3:00 p.m. del Consejo Gremial con el presidente Gustavo Petro.
La cita era a el jueves pasado, pero luego de cancelarse por razones desconocidas, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez radicó el proyecto.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, comenta que su primera evaluación sobre la iniciativa es que, nuevamente, carece de un enfoque hacia la generación de empleo del país y la lucha contra la informalidad.
Advierte que conserva la intención de mejorar las condiciones de los que hoy gozan de trabajo y de fortalecer el movimiento sindical, a partir de que artículos que se incluyeron endurecen el primer proyecto.
Para Cabal, lo otro es que el impacto sobre los costos solamente va a disminuirse en una hora al reducir la propuesta de la jornada laboral de las 9:00 a.m. a las 7:00 p.m. y no de las 9:00 a.m. a las 6:00 p.m., pero permanece el incremento para dominicales y festivos, como en la versión anterior.
“Consideramos que los costos estarán en un incremento entre un 25% y un 30%”, dice Cabal, al tiempo que revela que si bien en el primer proyecto se hablaba de un impacto de 450.000 desempleados, dato que corroboró el Banco de la República y Fedesarrollo, ahora lo estima en por lo menos 400.000.
Subraya que los mayores efectos se sentirían en el comercio de restaurantes, bares, servicios de comida, cafeterías y empresas de transporte.
“Vuelve y queda el derecho a la huelga parcial que es muy inconveniente para la estabilidad del empleo en las empresas, el derecho a la huelga en servicios públicos esenciales”, indica.
Y alerta que se eliminan las convenciones colectivas lo cual es muy peligroso por el impacto que podría tener en las empresas.
Sobre la incidencia en las compañías que exportan, advierte efectos en términos de competitividad y productividad.
Otras voces
La Federación Colombiana de Gestión Humana, Acrip, también presentó sus reparos con el proyecto de ley.
“El Gobierno desatiende los poderosos argumentos técnicos planteados por el Banco (de la República) y, mantiene en la reforma, el incremento de recargos, licencia de paternidad, jornada laboral, indemnizaciones y fueros de estabilidad laboral”.
Indica que “se consagra un aumento desmedido de la indemnización por despido sin justa causa. Se duplica, triplica y cuatriplica y hasta más la indemnización, dependiendo de la antigüedad, la que pasa de 20 a 60 días por años subsiguientes al primero, cuando el trabajador cumpla 10 años. Esto, se convertirá en un estímulo para que los empresarios despidan a sus empleados antes de cumplir estos 10 años…”.
Mauricio Montealegre, director del grupo práctica laboral en Gómez-Pinzón abogados, considera que: “Incrementar la rigurosidad en las normas, bajo el escudo de eliminar la precariedad laboral, supone un mayor obstáculo para lograr el objetivo de la formalidad, pudiendo tener como efecto la precariedad social”.
El experto sostiene modalidades de trabajo familiar y comunitario, micronegocios, sector portuario, transportador o de abastos, arte y cultura, con algunas flexibilidades, permite concluir que es posible abordar la reforma desde la realidad del trabajo en el país, y no desde el deseo de crear cuerpos normativos atractivos internacionalmente que son poco eficientes localmente.
Al recoger la visión de micro, pequeñas y medianas empresas, Acopi estudia el proyecto pero su presidenta, Rosmery Quintero, plantea algunas inquietudes.
“Esperamos que sea una reforma que lleve a mejorar un indicador muy negativo en Colombia como es el de la informalidad. A pesar de que hay un capítulo no tiene los elementos suficientes para que los microestablecimientos entren en el torrente formal”, considera.
Añade, además, que “el indicador de desempleo que fue positivo, de un dígito, demuestra que el mercado laboral funciona por el esfuerzo del el sector empresarial. Esto quiere decir que se necesita una reforma con otras condiciones que no sean imposiciones que aumenten y desmejoren la estructura de costos laborales”.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, prefirió no opinar sobre proyecto hasta tanto no se haga lo que llamó un ejercicio de análisis juicioso, en términos de empleo, formalidad, actividad económica y productividad, manifestó ayer en Caracol Radio.
Se destraban las normas con las plataformas
Mauricio Montealegre, director del grupo práctica laboral en Gómez-Pinzón Abogados, destaca que en este proyecto se flexibiliza la regulación laboral de las plataformas digitales, con la opción de trabajadores dependientes e independientes.
“Este es un punto clave, debido a que permite la operación de las actividades laborales por medio de contratos distintos a los laborales, siempre que se cumpla con parámetros de independencia y autonomía”, comenta el experto.
Esto tiene el aval de las empresas agremiadas en Alianza IN.
Según su director ejecutivo, José Daniel López, lo concertado con el Gobierno beneficia a más de 120 mil personas que trabajan en Colombia como repartidores a través de estas plataformas.
Apartado
Fuente: Portafolio
Imagen: Portafolio